En el año 2006, por primera vez el Foro Económico Mundial presentó el índice Brecha Global de Género y a través de él esperaba medir la magnitud de la brecha entre mujeres y hombres en términos de salud, educación, economía e indicadores políticos. En su último informe se comparan 153 países y permite entender cómo se distribuyen los recursos y oportunidades entre hombres y mujeres.

Actualmente al observar el comportamiento de este índice, Islandia ocupa el primer lugar, seguido de Finlandia y Noruega. En los últimos lugares Chad, Pakistán y Yemen.  Nada para sorprenderse la verdad, por un lado,  países desarrollados cuyo índice de desarrollo humanos bordea un punto, versus países con nivel de desarrollo humano bajo, cuyo índice bordea 0,5 puntos. En ese contexto Chile ocupa el lugar 57 de 153 a nivel global y 14 de 25 en la región (Latinoamérica), con un índice de Brecha de Género de 0,723, lo que lo sitúa en la medianía de la tabla, confirmándose que todavía tenemos mucho que mejorar para lograr disminuir esta brecha

Al revisar el índice se comprueba que el aspecto de empoderamiento político, es donde existe la mayor brecha y lo lamentable es que no existen, actualmente, datos ni indicadores que den cuenta de esa brecha a nivel de gobiernos locales y/o regionales, todo lo que se conoce está a nivel de altos cargos, presidencia o ministerios.

Para hacerse una idea de lo anterior es necesario observar el próximo proceso eleccionario. La inscripción de mujeres en las primarias, tanto de gobernadoras/es regionales como de alcaldesas/es, deja en evidencia las brechas en esta temática. En el caso de elección de la primera autoridad comunal, de un total de 103 precandidaturas inscritas en el Servel solamente 40 de ellas corresponden a precandidatas, lo que equivale a un 39%, 61% restante corresponde a precandidatos. Al revisar las precandidaturas a gobernadora/or regional la situación es aún peor, de un total de 87 precandidaturas registradas en Servel, solamente 19 de ellas corresponden a candidatas a gobernadora regional, lo que equivale al 22%, el 78% restante corresponde a candidatos.

Si bien en Chile existe una ley de cuotas, esta obligatoriedad, lamentablemente, es aplicable solo a nivel parlamentario, por lo tanto, actualmente no se está mirando cómo las mujeres acceden en igualdad de condiciones a estos espacios de participación y toma de decisión. Es urgente asegurar el tránsito de miles de mujeres que en la base social realizan una tremenda labor en distintos espacios, pero cuando se requiere dar el paso a instancias de poder y representación, ya no tienen los apoyos necesarios, son muy pocas las que tiene la suerte de obtener los apoyos necesarios y muchas de ellas deben renunciar para intentar una carrera, presentándose finalmente de forma independiente con todo lo que eso significa.

Es por ello, que se hace urgente avanzar, estableciendo un nuevo modelo, una democracia más inclusiva que asegurar la representatividad. Esto no es pedir ventajas, es simplemente emparejar la cancha.