En medio de la crisis sanitaria, clases online, cursos y asignaturas reformuladas, estudiantes y docentes cansados de tantas horas de pantalla, los planteles universitarios deben buscar la fórmula para apoyar y sostener un año académico atípico y complejo. En este tiempo no solamente se han preocupado de entregar planes de conectividad, facilitar computadores y tablets, prestar apoyo en salud mental, aportar con sus laboratorios, elaborar elementos de protección personal, postular proyectos de investigación covid, generar capacitaciones e instancias de apoyo a la comunidad sino que además deben buscar la fórmula que permita la sostenibilidad económica de la institución. 

Por otro lado, es sabido que las instituciones de educación superior se financian en un 95% a través del aporte fiscal directo (AFD) que por medio de diversos instrumentos entrega un financiamiento basal, en el que el Estado pone a disposición de las Universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH) una cantidad determinada de recursos. El 5% restante depende del “rendimiento” de cada institución, según el comportamiento de indicadores de desempeño respecto a matrícula estudiantil, el número de académicos con postgrado, número de proyectos y publicaciones de investigación de excelencia.

Cuando comenzó la pandemia, las universidades se encontraban  cerrando el segundo semestre del año 2019 que se vio fuertemente afectado por el movimiento social a propósito del estallido. Estudiantes movilizados, universidades paralizadas y en su conjunto, dentro de las demandas, pidiendo el fin de la PSU y un sistema de acceso más inclusivo, mayor acceso a la gratuidad, fin al crédito con aval del estado (CAE), entre otras demandas sociales. Este periodo afectó a muchas de nuestras instituciones, debido al escenario en que se rindió la PSU, la incertidumbre respecto de las movilizaciones y el inicio de la pandemia. Miles de estudiantes decidieron no matricularse en los planteles este año 2020. Un poco más de 12 mil estudiantes dejaron de hacerlo en las universidades del CRUCH. Si bien la situación descrita se traduce en ingresos menores que se dejan de percibir por concepto de matrícula y arancel, a ellos se les debe sumar los costos de implementación de los procesos formativos debido a la emergencia sanitaria, lo que en total se estima en $160 mil millones de pesos, generando un fuerte impacto en las 30 casas de estudios que componen el Consejo.

Fue en este complejo escenario que surgieron distintas acciones que no hacen más que poner en riesgo la sostenibilidad de los proyectos educativos, pero que evidentemente dejan ver un sistema de financiamiento que no da para más, basado en un sistema de vouchers, que visualiza la educación como un producto de mercado y que nos obliga a competir. 

En primer lugar, un grupo de parlamentarios propuso un proyecto que suspende el pago de aranceles de educación superior en Estado de Catástrofe, medida que más allá de ser popular,  las universidades ya lo estábamos haciendo como parte de nuestro rol de entregar educación de calidad a todos nuestros estudiantes y asumiendo en esta pandemia el compromiso que nadie será alejado de sus estudios por aspectos financieros, además del sinnúmero de becas y apoyos. 

Luego, desde el Ejecutivo se plantea como una de las medidas para ayudar a la clase media la ampliación de los Créditos con Aval del Estado (CAE), sin duda una medida que significa más deuda para los estudiantes y sus familias. A cambio, desde las universidades propusimos otras alternativas que no fueron consideradas, como es ampliar la postulación a gratuidad, o no contar este año para efectos de gratuidad y aumentar en un año su duración, debido a que para muchas familias la situación económica ha cambiado. 

Unas semanas después, el Ministerio de Educación rechazó nuestra solicitud de ampliar la interpretación restrictiva que se ha dado a la autorización para utilizar los excedentes del Fondo Solidario, así como las opciones de uso para esos recursos, con el objeto de poder solventar gastos asociados al manejo de la pandemia y disponer de un mecanismo que permita enfrentar esos déficits sin tener que acceder a nuevos recursos públicos. Como si eso no fuera suficiente, planteó como condición la posibilidad de entregar una parte importante de los recursos de los Fondos Solidarios en créditos blandos a instituciones de educación superior privadas, principalmente aquellas no adscritas a gratuidad.

Actualmente, todas las universidades pertenecientes al CRUCH, nos encontramos argumentando desde nuestras propias realidades el por qué es necesario retrasar la implementación del arancel regulado, según se indica en el artículo 92° de la Ley 21.091, cuyo proceso de diseño no contempló mayor consulta a las universidades, ni distingue entre los distintos tipos de instituciones y mucho menos incorpora variables de regionalidad. Una vez más todas nuestras instituciones en el mismo saco compitiendo por los “vales de canje” intentando capturar mayor matrícula. 

Lo anterior se contrapone a la  contribución que realizamos aportando desde diversos ámbitos: docencia e investigación de pre y postgrado, creación, cultura, innovación, vinculación con el medio y con sus territorios, generando empleo y aportando con infraestructura disponible. Parece lógico pensar que el costo y financiamiento de todo esto no debe recaer en nuestros estudiantes pagando un arancel, debe ser el estado quién se haga cargo considerando a sus universidades como un actor estratégico para el desarrollo del país, avanzando de esta manera hacia un nuevo sistema de financiamiento que al día de hoy se hace prioritario. Un sistema colaborativo, regulado y que aporte a la construcción de una sociedad más consciente de su entorno y sus habitantes.