Chile demoró prácticamente 100 años en contar con acceso universal a la educación básica y media. Esta fue la principal demanda de los sectores sociales que depositaron en la educación las esperanzas de su movilidad social.  ¿Deberemos esperar otros 100 años para lograr una educación con aprendizajes de calidad para todos y todas?

Los mayores logros de los movimiento sociales y de los gobiernos progresistas del siglo XX fueron el fortalecimiento de los sistemas de educación pública, la universalización progresiva de la educación básica y de la enseñanza media. Las políticas educativas en la década de los 70 expandieron de un modo notable la matrícula en todos los niveles lográndose una aumento de los grados de escolaridad, particularmente de los grupos más pobres, produciéndose una movilidad educativa intergeneracional y una disminución de las brechas de género, entre otros indicadores.

El golpe de estado de 1973 produce una interrupción de este proceso de expansión y, en la década de los 80, el régimen militar realiza cambios en las bases organizativas del sistema educativo. Entre estos destacan el traspaso de las escuelas a los municipios y un  financiamiento basado en el pago o subvención por asistencia de los y las alumnas. El Estado se declara subsidiario y promueve la participación del sector privado en la oferta educativa y la competencia entre los establecimientos para producir una mayor calidad. Desde entonces se inicia un proceso de disminución de la matrícula en los establecimientos públicos y un deterioro de los aprendizajes principalmente de los establecimientos públicos.

En la década del 90, los gobiernos democráticos inician políticas que intenta eliminar los efectos negativos de los cambios implementados en la dictadura y que se expresaron, principalmente, en profundas desigualdades en los recursos, calidad de los procesos formativos y desigualdad de los aprendizajes. Pese a los cambios producidos en los gobiernos democráticas ,no se ha logrado revertir la desigualdad de la oferta y calidad de los procesos de aprendizaje. La evidencia empírica demuestra que bajo el sistema actual es altamente probable que estudiantes de escuelas y liceos municipales y que aprovecharon al máximo todas las oportunidades que les dio el sistema, no alcancen los aprendizajes esperados ni los puntajes que les permitan continuidad en la Educación Superior universitaria. El derecho a una educación de calidad para todos y todas aún es un derecho pendiente en el país.

El movimiento estudiantil del 2006 generó un gran debate público sobre los cambios y desigualdades educativas. Los resultados de esta discusión permitieron la aprobación de una nueva Ley General de Educación y de un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación con diferentes instituciones responsables de evaluar y de apoyar a las escuelas.

Esas transformaciones no afectaron al sistema de acceso y provisión de la Educación Superior. En el año 2011 el movimiento estudiantil universitario consideró insuficientes los cambios realizados por los gobiernos democráticos y demandó una reforma orientada no a regular, sino a eliminar la lógica de mercado de la educación chilena y a garantizar el acceso y gratuidad a la Educación Superior. Se aprueban nuevas leyes en dicha dirección y que actualmente se encuentran en implementación y con serias dificultades.

Los cambios en educación son resultados de complejos procesos de construcción de acuerdos y diseño de respuestas que no siempre tienen los efectos esperados en su implementación. La sociedad avanza en una velocidad no prevista y los actores sociales demandan un cambio en el paradigma de base de nuestro sistema educativo.  La educación debe ser un bien público y definirse como un derecho social en la nueva constitución. El Estado moderno y descentralizado debe tener la  autoridad para garantizar acceso y resultados de calidad para todos los niños, niñas y jóvenes del país sin ningún tipo de discriminación. ¿Necesitaremos otros 100 años para el logro de este sueño?.