El pasado 2 de septiembre se publicó en el Diario Oficial la nueva Ley Nacional de Cáncer, lo que marca un hito en la responsabilidad del Estado con la salud de los chilenos, así como en el abordaje de esta enfermedad. La Ley del Cáncer busca dar un marco normativo para afrontar esta enfermedad desde un punto de vista integral, esto es, haciéndose cargo de todas las etapas de intervención, desde la prevención hasta el tratamiento, así como incorporando a todos los actores de la sociedad.

Desde la biología, el comportamiento de las células cancerosas es altamente complejo, y esta misma realidad es la que vemos reproducida en los pacientes y sus familias cuando se enfrentan a un diagnóstico de cáncer. Atendiendo a esa realidad, lo que esta ley propone es un abordaje humanizado, integral y destinado a prevenir la enfermedad, pero también a tratar a quienes ya la presentan. Muchas de las acciones que derivan de esta nueva ley en realidad ya existen. Iniciativas tales como un Plan Nacional del Cáncer, elaborado en 2018, o el financiamiento de los tratamientos de ciertos tipos de cáncer y las guías clínicas de tratamiento llevan varios años de existencia, sin embargo, el gran cambio detrás de la ley radica en dar una direccionalidad a todas estas iniciativas, con la visión común de poner en el centro al paciente, reconociendo la necesidad de un trato humanizado así como la participación de la sociedad civil, en el marco de un soporte legal que es vinculante al Plan Nacional de Cáncer. Para ello, la ley se basa, entre otros, en los “principios de cooperación, participación de la sociedad civil y humanización del trato”, proponiendo una serie de medidas que se traducirán en estrategias de prevención, acompañamiento y tratamiento a los pacientes, orientación a sus familias, generación de fondos para los centros de salud y de la investigación en cáncer, y educación a través de la formación de recursos humanos especializados y capacitación a los cuidadores de pacientes con cáncer. Es particularmente importante que la ley mandata la creación de una Comisión de Cáncer, con representantes de la comunidad científica y de las fundaciones o asociaciones de pacientes para asesorar al Ministerio de Salud en la formulación de las políticas públicas relacionadas a esta enfermedad, así como al rol de la investigación biomédica, clínica y de salud pública en cáncer.

Aún cuando la ley no tiene un apartado específico para regiones, reconoce que las realidades que se viven en torno al cáncer en Santiago y fuera de la zona central son muy diferentes y aún más entre cada una de las regiones. En ese sentido, la ley cobra especial importancia en la Región de Aysén. En Chile, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel país, mientras que en la Región de Aysén ocupa el primer lugar. Además, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2017, la prevalencia de algunos de los factores de riesgos relacionados al desarrollo de cáncer en la región es muy alta: un 35% de la población adulta fuma actualmente, un 83% es sedentaria y un 43% tendría obesidad. Esto, en un escenario donde la disponibilidad de atención para tratamientos del cáncer es limitada por escasez de centros y recursos humanos para ello. Esto transforma a la ley y al Plan Nacional de Cáncer en una oportunidad para mejorar el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer, al reconocer la necesidad de ampliar la red oncológica nacional (se propone un “centro estándar de atención en cáncer” para Coyhaique a 2028), comprometer la formación de recursos humanos (donde debiera incluirse necesariamente la Atención Primaria de Salud) y mejorar la cobertura de tamizaje del cáncer. Asimismo, el involucrar a la sociedad civil en las decisiones en salud, genera un compromiso mayor de la población, al ver que sus necesidades son escuchadas y que tendrán injerencia en su solución. Por otro lado, la ley compromete fomentar la investigación en cáncer, por lo que se deberá procurar que ésta tenga pertinencia regional. 

Pueden existir cuestionamientos al por qué requerimos una Ley de Cáncer para enfrentar una enfermedad que, a todas luces, es relevante por la situación epidemiológica del país, así como por las consecuencias en quienes la padecen y en sus cercanos. Sin embargo, al entrar en vigencia, lo que corresponde hoy es hacerse cargo de los desafíos que propone, contribuyendo en las oportunidades de desarrollo que se presentan desde nuestro rol como pacientes o potenciales pacientes, familiares, profesionales de salud, docentes e investigadores, así como velando porque el Plan Nacional de Cáncer y los reglamentos que complementan la ley aseguren el cumplimiento de los objetivos de la misma. 

Esperemos que la autoridad sanitaria y todos y todas quienes estemos llamados a contribuir con este problema país, esto es, la sociedad en su conjunto, estemos a la altura de este nuevo desafío y podamos transformarlo en un ejemplo de cómo se deben enfrentar todos los problemas de salud del país: colaborativamente y de manera humanizada, tal como lo propusiera el Dr. Claudio Mora (académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Andrés Bello, fallecido por cáncer en 2019) al impulsar esta iniciativa que hoy lleva su nombre.