Por Romina Aranda y Pastor Cea Hace pocos días el gobierno de Sebastián Piñera realizó un polémico anuncio para la ciudadanía. Se trata del llamado a transitar a una “nueva normalidad”, aludiendo a la reapertura gradual de centros comerciales, la reincorporación de funcionarios públicos a sus lugares de trabajo y la vuelta a clases presenciales, entre otras medidas. Las autoridades argumentaron que esta decisión busca enfrentar con eficiencia dos crisis: la pandemia y el impacto económico que ésta ha generado en Chile y el resto del mundo. Frente a este argumento, nos preguntamos de qué forma la iniciativa podría ayudar en el abordaje de una pandemia cuya magnitud ha desafiado los recursos y capacidad de respuesta de los servicios sanitarios a nivel mundial. En América Latina particularmente, aún se observan tendencias ascendentes que preocupan a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este escenario, no sorprende que diversos cuerpos colegiados y comunidades científicas hayan cuestionado esta posición, aludiendo a la importancia de mantener las medidas de control. Sin duda, resguardar la integridad física de la ciudadanía es hoy un tema central. Concordamos en eso. Sin embargo, al mismo tiempo sostenemos que no se trata sólo de un problema sanitario. La crisis que estamos viviendo ha impactado directamente en nuestras prácticas cotidianas, modificando de un día para otro nuestras formas de vida. El teletrabajo ha significado para muchos mayor exigencia, especialmente para las mujeres, quienes han debido compatibilizar esta actividad con las labores domésticas y de cuidado. Quienes no cuentan con la opción del trabajo a distancia, han debido exponerse al temor constante de un eventual contagio, o bien, enfrentar la dura experiencia de la cesantía. Estas experiencias, a su vez, han sido atravesadas por una constante sensación de miedo, desprotección, estrés, ansiedad e incertidumbre respecto al futuro. Especialmente en un país como el nuestro, donde la brecha de las desigualdades es abismante, esta crisis ha venido a acentuar problemáticas psicosociales que durante décadas se han tendido a naturalizar, y que, dicho sea de paso, fueron las detonantes del estallido social de octubre de 2019. Los alcances de esta pandemia también son vividos de forma desigual e inequitativa, golpeando con mayor fuerza a grupos minoritarios y excluidos, tales como mujeres, adultos mayores, trabajadores informales o precarizados, inmigrantes, personas en situación de calle, entre otros. Si se considera la desigualdad con la que estamos viviendo la pandemia, este llamado a la “normalidad”, inevitablemente adscribe a una concepción de prevalencia del más fuerte. Esto quiere decir que podrán volver a la “normalidad con cierta normalidad” aquellos que hagan vista ciega a sus miedos, ansiedades e incertidumbres para responder a las demandas de un medio adverso. ¿Qué sectores de la sociedad podrán hacer esto y a qué costo?; ¿basta con comenzar por las regiones y/o comunas con baja prevalencia de COVID-19, sin considerar las características y complejidades propias de los territorios, como es el caso de las zonas extremas? A la luz de estas reflexiones, el llamado a la “nueva normalidad” puede leerse como una imposición a la subjetividad y una práctica de gubernamentalidad que busca ajustar los comportamientos sociales a las necesidades del mercado. Si lo pensamos bien, no es algo nuevo: desde un inicio hemos sido interpelados a volcar todas nuestras energías en dar respuesta a demandas para las que no estábamos preparados. Esto ha implicado una disminución de nuestros espacios de reflexión y participación sociopolítica, aun cuando lo que en realidad necesitamos es poder mirar esta crisis de frente. Los gobiernos deben hacerse cargo de los impactos psicosociales de la pandemia y no sólo de la salud física de los ciudadanos. Para ello, resulta fundamental incluir la perspectiva de los territorios y comunidades, así como un trabajo más vinculante a los cuerpos colegiados y comunidades científicas, en cualquier propuesta o intervención orientada a su abordaje. El desafío es enorme y extremadamente complejo. Probablemente tengamos que aprender nuevas formas de participar en la sociedad a partir de prácticas y normas específicas que aún no se encuentran definidas, pero que, en ningún caso, pueden ser impuestas. Implican un proceso histórico y social que no sólo contemple nuestra actividad en las distintas esferas de la vida social, sino que también los significados que le vamos otorgando y el sentido que vamos construyendo respecto a ésta en interacción con otros.