“Hay cosas que, por sabidas, se callan, y por calladas, se olvidan”. No existe certeza sobre el origen de esta frase, aunque generalmente se atribuye a Miguel de Unamuno; sin embargo, su sencillez y profundidad parecen trascender épocas y contextos. Creemos saber, por ejemplo, cuál es el rol de una universidad pública regional, qué elementos la distinguen, qué implica su autonomía, cómo se define la excelencia o qué representa ser académico o académica. Sin embargo, quizás por considerarlas evidentes, hemos dejado de discutir estos temas, a riesgo de olvidarlos. Esto, lamentablemente, no es una particularidad de las universidades. Como sociedad, pareciera que estamos olvidando principios fundamentales, incluso aquellos cuyos consensos construimos con doloroso esfuerzo y sacrificio. Sorprende escuchar a representantes democráticamente elegidos cuestionar ayudas sociales o condicionar los derechos humanos al cumplimiento de deberes, olvidando su carácter universal, indivisible e inalienable. Confundir esto muestra cuánto podemos llegar a olvidar aquello que creíamos comprendido. Cuando dejamos de discutir los fundamentos de nuestras instituciones, corremos el riesgo de reemplazarlos por prejuicios y simplificaciones; y esto quizás sea peor que olvidar. El valor de nuestra Universidad suele expresarse en términos de matrículas, artículos científicos, mt2 construidos, remuneraciones, resultados financieros o empleabilidad, entre otros. Todos indicadores relevantes, sin duda, pero insuficientes para comprender su verdadero impacto. Nuestra Universidad es una respuesta del Estado a profundas desigualdades territoriales y limitadas oportunidades de formación en la región, por lo que su evaluación no resulta suficiente con una perspectiva clásica de indicadores. No debemos olvidar que el acceso a la educación superior en condiciones de igualdad constituye un derecho humano reconocido internacionalmente. Hay quienes parecen olvidarlo y promueven la idea de que el “éxito” depende exclusivamente del esfuerzo individual, desconociendo las desigualdades estructurales de origen. Michael Sandel, en “La Tiranía del Mérito”, advierte sobre los riesgos de una meritocracia que termina justificando las desigualdades al atribuir el éxito exclusivamente a las capacidades y esfuerzos individuales. El mérito existe, pero las oportunidades para desarrollarlo no están distribuidas de manera igualitaria.

La Patagonia no debiera ser simplemente el lugar donde se encuentra nuestra Universidad, ni un subtítulo en su logotipo, sino una parte esencial de su identidad, orientando la oferta formativa, la generación de conocimiento y su contribución al desarrollo territorial. Esto no significa responder exclusivamente a las necesidades inmediatas de la región. La investigación básica, cuyos resultados rara vez coinciden con los tiempos y expectativas políticas, constituye la base de futuros avances científicos, tecnológicos y sociales. Nuestra Universidad debe contribuir a resolver los problemas del presente, pero también generar conocimiento y capacidades para enfrentar los desafíos del futuro. A esto debería aspirar la excelencia universitaria, un concepto que repetimos frecuentemente, pero cuyo significado generalmente callamos. ¿Se mide por las publicaciones científicas, los proyectos adjudicados, la empleabilidad o la selección de los mejores estudiantes? Una universidad pública regional debe aspirar a los más altos estándares académicos, sin limitarse a reproducir modelos centralizados, construidos desde realidades muy diferentes. La investigadora Cecilia M. Orphan, de la Universidad de Denver, ha cuestionado precisamente nuestra tendencia a confundir prestigio universitario con selectividad, valorando instituciones que rechazan a muchos estudiantes por sobre aquellas que generan oportunidades para más personas; no existen universidades prestigiosas, existen universidades altamente rechazantes. Quizás debiéramos atrevernos a pensar en una universidad altamente aceptante, capaz de ampliar las oportunidades de acceso sin renunciar a la exigencia académica. Una universidad que no confunda excelencia con exclusividad y que no se mida solamente por los talentos de quienes ingresan, sino especialmente por aquellos que es capaz de desarrollar durante su proceso formativo. Son esos talentos los que contribuirán, desde organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, al desarrollo de esta región tan distintiva y desafiante.

Nuestra excelencia debiera expresarse también en la capacidad de generar oportunidades, transformar vidas y contribuir al desarrollo de la sociedad que se movilizó para darle origen. Quizás la pregunta no sea solamente cuán excelente es nuestra Universidad respecto de otras, sino cuán pertinente es la excelencia que aspiramos a construir. No se trata de elegir entre mérito y equidad, excelencia y pertinencia territorial, sino de comprender que estas dimensiones deben complementarse. Algo similar ocurre con la autonomía universitaria, que no debe confundirse con un privilegio corporativo ni con inmunidad frente al escrutinio público. La autonomía es una condición esencial para producir conocimiento y ejercer el pensamiento crítico con independencia. Personalmente, considero un privilegio ser académico de una universidad pública regional. No solamente por la posibilidad de contribuir a la formación de personas y generar conocimiento, sino también por la libertad y la responsabilidad de cuestionar aquello que parece establecido. Tal vez esa sea una de nuestras obligaciones básicas: mantener activas las preguntas que una sociedad necesita hacerse, incluso cuando las respuestas resultan incómodas. Paradójicamente, las propias universidades, a través de sus académicos y académicas, están llamadas a cuestionar aquello que creemos saber, pero muchas veces también lo olvidamos. O quizás solamente callamos, pareciendo olvidar. No basta con declarar valores como la justicia social, la inclusión, el pluralismo, la multidisciplinariedad o la vocación regional. Estos deben expresarse en nuestras decisiones, prioridades y acciones. ¿Evaluamos a la Universidad de Aysén por cuánto se parece a otras instituciones o por su capacidad de convertirse en la universidad que nuestra región necesita? Defender una institución no es lo mismo que defender el propósito de su existencia. Lo primero puede llevarnos a justificar sus errores, que han existido; lo segundo nos obliga a reconocerlos, cuestionarlos y corregirlos. Una universidad pública no se defiende solamente declarando su importancia, sino también demostrando, con hechos, su contribución a la sociedad.

Quizás hemos supuesto durante demasiado tiempo que todos comprendemos para qué existe nuestra Universidad, qué debemos esperar de ella y cuáles son nuestras responsabilidades individuales y colectivas en su desarrollo. Pero ¿es realmente así? ¿Compartimos una misma comprensión de su propósito quienes estudiamos, trabajamos o dirigimos la institución? ¿Y la comparten también las comunidades, organizaciones e instituciones que han contribuido a su creación y desarrollo? Debemos construir colectivamente esa comprensión y atrevernos a cuestionar aquello que creemos evidente. Porque, tal como nos ocurre en el aula, lo que dejamos de enseñar, tarde o temprano, se deja de comprender. Y como nos recuerda aquella frase de origen incierto, hay cosas que, por sabidas, se callan, y por calladas, se olvidan.