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Las autoridades universitaria rechazaron en una declaración pública la utilización de facultades públicas con miras a censurar, limitar o vulnerar tanto la libertad de cátedra, como la autonomía de nuestras instituciones, principios esenciales para el adecuado funcionamiento de los sistemas de educación superior en toda sociedad democrática, y debidamente reconocidos y resguardados en nuestra legislación.

Los equipos académicos y del Gobierno Regional acordaron temáticas de prioridades a elaborar estrategias, como fortalecimiento de la participación ciudadana y apoyo a gobiernos locales.

El documento establece que la Convención Constitucional y las universidades estatales agrupadas en el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), asumen un compromiso de colaboración mutua camino a la redacción de la nueva Carta Magna.

Un académico y una representante del personal de colaboración se suman al órgano triestamental de gobierno universitario.