Ad portas del proceso eleccionario chileno más relevante de las últimas décadas y cuando nos enfrentamos a la tremenda oportunidad que significa para el país la redacción de una hoja de ruta que nos guiará, al menos, por los próximos 30 años, es el momento ideal para poner en la mesa constituyente un tema que resultará crucial para las futuras generaciones de estudiantes: La educación superior estatal.

Si revisamos lo que la Constitución de 1980 dice respecto de este tema, nos encontramos frente a la posibilidad de establecer la garantía del derecho a la educación superior, ya que sus principios y derechos fueron reducidos al mínimo en la Constitución que nos rige actualmente.

La actual Carta Magna, señala: "Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el único desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación". Y sus consecuencias están muy claras. Las universidades estatales representan sólo el 15,6% de la matrícula de educación superior (SIES, 2020) y en 2019 el financiamiento por vía del aporte basal y fondos concursables representó solo 26% del total de ingresos de éstas (Superintendencia de Educación Superior, 2020). Esto, porque se permitió la libre entrada de instituciones privadas como oferentes de educación superior y la reducción progresiva de los fondos basales entregados por el Estado a las universidades públicas, pese a lo anterior las universidades públicas siguen concentrando las preferencias de los y las estudiantes. Actualmente, al interior del CUECH nos encontramos en una reflexión profunda sobre lo necesario que es relevar el sentido de lo "público" y que, desde ahí, el Estado asuma el resguardo de lo que este término significa.

Si miramos, además, las disímiles realidades regionales, nos encontramos con una situación más compleja y que requiere atención. Sobre todo cuando analizamos a las regiones extremas, como la de Aysén, en que la universidad estatal se transforma en una posibilidad concreta de acceder a educación superior de calidad, en su propio territorio, resultando así, imperioso fortalecer la educación pública que permite –además- acceder a becas y beneficios que garanticen el acceso.

Para eso es necesario transitar del actual sistema de financiamiento que nos rige, que favorece la poco sana competencia entre instituciones, a un sistema de financiamiento colaborativo y regulado. Es importante que en la nueva Constitución queden establecidas las directrices para hacerlo posible.

Y, por último, hay que pensar en lo que las universidades estatales y públicas entregan, no sólo a sus estudiantes, sino que a todo su entorno. Por ejemplo, investigación pertinente a los distintos territorios, además de la docencia y la vinculación con el medio, nos armamos un panorama completo que refuerza la idea de lo que en la nueva Constitución debe reflejarse: El fortalecimiento y garantía de la educación superior estatal como derecho fundamental.

Ante este escenario es imperativo que la nueva Constitución integre todos estos elementos para cumplir con una demanda histórica de la ciudadanía: Educación de calidad, asegurando el acceso equitativo e igualitario, con la excelencia que los y las estudiantes de nuestro país merecen y, por tanto, plasmar expresamente cuáles son los derechos que tienen las personas y regular los mecanismos para hacer valer estos derechos.